Reflexiones constitucionales

Erik Haindl

El moderno estudio de la institucionalidad en la economía se dirige precisamente hacia investigar cuáles son las instituciones que han permitido el progreso y el desarrollo de los países a lo largo del tiempo. Douglas North, Robert Fogel, y Daron Acemoglu son algunos economistas reconocidos que enfatizan la importancia de las instituciones en el desarrollo económico y, en último término, en el destino que siguen los países.

Las instituciones que permiten la libertad de las personas, el respeto a los derechos de propiedad y el uso preferente de los mercados para asignar los recursos, se destacan como las más importantes que explican el éxito de los países más desarrollados.

Una de las bases jurídicas más importantes de cada país es normalmente la constitución, carta que sienta las bases de su institucionalidad. La civilización occidental instituyó la democracia representativa, y la separación de los tres poderes como la base de su institucionalidad, y esta se regula normalmente en su carta fundamental.

Es muy importante que esta carta fundamental proteja a los ciudadanos del poder del Estado y a las minorías de las mayorías transitorias. El gran Benjamín Franklin, uno de los redactores de la Constitución de Estados Unidos, nos advierte justamente en esta dirección:

“La democracia es dos lobos y un cordero votando sobre que se va a comer. La libertad es un cordero bien armado impugnando la votación”.

El sistema de chequeos y balances utilizado en la Constitución de Estados Unidos permite proteger a sus habitantes de los potenciales abusos del Estado, y requiere que la eventual disminución de libertades de las personas siempre sea con amplios consensos y votaciones súper-mayoritarias.

A diferencia de las decenas de constituciones que exhiben los países latinoamericanos, que cada vez más parecen pliegos de peticiones de sus habitantes a un Estado todopoderoso, el gran país del norte tiene una sola carta fundamental desde su independencia.

Esta carta fundamental protege a los individuos del Estado, les otorga amplia libertad para buscar la felicidad, y establece una estructura de incentivos que les ha permitido transformarse en el país más rico de la Tierra.

En el caso de Chile, la Constitución de 1925 permitió que los agricultores fueran despojados de sus tierras, los grandes mineros de sus yacimientos mineros, y los industriales de sus fábricas, prácticamente sin indemnización. Incluso se planeó quitarles sus casas a los propietarios mediante una reforma urbana. Esto llevó al país al borde de una guerra civil.

Ninguna de estas cosas pudo haber ocurrido con la nueva institucionalidad amparada en la Constitución de 1980, sin que por ello se haya obstaculizado la acción del Estado. El MOP ha podido construir carreteras e infraestructura pública sin problemas, pagando lo justo por la propiedad expropiada. Esta nueva institucionalidad permitió que Chile triplicara su PIB per cápita en los últimos treinta años, y disminuyera en forma drástica la pobreza de sus habitantes.

Una nueva institucionalidad que siga las modas latinoamericanas podría parecerse a un gigantesco pliego de peticiones de la ciudadanía al Estado, acerca de los derechos gratuitos que les gustaría tener. Como el cumplimento de estos derechos implicará recursos que no se tienen, consecuentemente será necesario alterar la estructura de incentivos en forma perversa, con efectos nefastos sobre la economía.

¿Será sabio botar por la borda la institucionalidad implícita en la Constitución de 1980, y construir una nueva siguiendo los pasos de Venezuela? ¿O es que sólo aprenderemos cuando hayamos retrocedido a nuestros antiguos niveles de pobreza?